El programa Educación en Emergencia de RIDHE comparte sus memorias que despliegan un tapiz de historias, sueños y luchas.

Por Elektra Lagos.

En un momento en el que Europa se enfrenta a desafíos globales complejos —desde conflictos armados hasta crisis climáticas y desplazamientos forzados—, el Parlamento Europeo se dispone a votar su posicionamiento sobre la reforma de la normativa de retornos. La decisión que adopte no será meramente técnica. Será, sobre todo, una declaración política sobre el tipo de Europa que queremos ser.

La propuesta pretende aumentar la eficacia de los procedimientos de retorno, una cuestión que durante años ha ocupado el centro del debate migratorio europeo. Sin embargo, bajo ese objetivo aparentemente pragmático, se esconde un giro preocupante: la progresiva normalización de medidas que tensionan, cuando no vulneran, los derechos fundamentales.El propio Parlamento Europeo reconoce que esta reforma plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficacia y respeto a los derechos humanos.

La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesta Europa a ceder en nombre de la eficiencia?

Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la ampliación de la detención, incluso para menores, y la posibilidad de deportar a personas hacia “terceros países seguros” con los que no tienen ningún vínculo real. Estas medidas no solo generan dudas jurídicas, sino que erosionan principios esenciales del derecho internacional, como el de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde su vida o su libertad puedan estar en riesgo.

Pero el impacto de estas políticas no se limita al ámbito legal. Se extiende a la vida cotidiana de miles de personas. La intensificación de controles y la ampliación de las facultades de detención generan un clima de miedo que atraviesa barrios, comunidades y familias. La consecuencia es una fractura silenciosa de la cohesión social, que dificulta el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación y debilita la confianza en las instituciones.

Este endurecimiento de las políticas migratorias no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto político marcado por el auge de discursos xenófobos y por una creciente presión para responder a la migración desde la lógica del control y la seguridad. En ese escenario, existe el riesgo de que Europa termine adoptando políticas que, lejos de resolver los desafíos, profundicen la exclusión y alimenten la desigualdad.

La historia europea ha enseñado que los derechos no son inmutables: se defienden o se pierden. Y a menudo, su erosión comienza en los márgenes, en decisiones que parecen excepcionales, pero que acaban normalizándose.

Las políticas de retorno forman parte de la gestión migratoria. Nadie lo discute. Pero deben estar siempre subordinadas al respeto de los derechos humanos. La eficacia no puede convertirse en un atajo que justifique la vulneración de principios fundamentales.

Hoy, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de mirarse en el espejo y decidir qué valores quiere defender. Si opta por priorizar el control sobre la dignidad, estará enviando un mensaje que va más allá de la política migratoria: estará redefiniendo el proyecto europeo.Porque lo que está en juego no es solo una directiva. Es la idea misma de Europa.

“Cada becario/a aquí presente es una prueba vivente de la capacidad humana para superar las circunstancias más desafiantes...