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Las personas defensoras del medio ambiente continúan enfrentando un contexto de creciente violencia, criminalización e impunidad. Diversos informes publicados recientemente por organizaciones de la sociedad civil evidencian que América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden la tierra, los recursos naturales y los derechos de las comunidades.
A nivel global, Global Witness reportó que 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron en 2025 por defender su territorio o exigir el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Por su parte, el Business & Human Rights Resource Centre documentó 790 ataques contra personas defensoras en 80 países, destacando que casi un tercio de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas. Asimismo, Front Line Defenders registró el asesinato de 357 personas defensoras de derechos humanos en 27 países durante el mismo año.
En América Latina, la situación continúa siendo especialmente crítica. Durante la COP del Acuerdo de Escazú, la International Land Coalition presentó el Monitor de Personas Defensoras de la Tierra, que documenta 581 casos de agresiones entre 2020 y 2025 en siete países de la región. El monitoreo identifica como principales focos de conflicto la defensa del agua, las disputas derivadas de la transición energética y la afectación desproporcionada de pueblos indígenas y territorios ancestrales.
Los informes nacionales reflejan una realidad igualmente preocupante. En Guatemala, se registraron 5.238 agresionescontra personas y organizaciones defensoras durante 2025. En México, el CEMDA documentó 314 agresiones, incluidos homicidios y desapariciones, con un incremento significativo de los ataques contra mujeres defensoras. En Colombia, el Programa Somos Defensores reportó el asesinato de 165 líderes y lideresas sociales, equivalente a aproximadamente tres homicidios por semana.
Estos datos evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y protección, garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad. También resaltan la importancia de implementar plenamente el Acuerdo de Escazú, promover la cooperación internacional y reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras ambientales en la protección de la biodiversidad, la democracia y los derechos humanos.
Desde RIDHE, reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, la promoción de políticas públicas basadas en derechos humanos y el impulso de alianzas internacionales que contribuyan a crear entornos más seguros para quienes defienden el medio ambiente y los territorios.
Proteger a las personas defensoras ambientales no es únicamente una obligación de los Estados: es una condición indispensable para garantizar un desarrollo sostenible, fortalecer la democracia y asegurar un futuro más justo para las próximas generaciones.
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