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En el marco de la 18ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) de las Naciones Unidas (ONU), una delegación compuesta por seis líderes y lideresas indígenas de la Chiquitanía boliviana denunció las graves vulneraciones que enfrentan sus comunidades ante el avance del modelo extractivista agrario. Esta participación formó parte de los esfuerzos articulados dentro de los proyectos que la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) impulsa para visibilizar y fortalecer la incidencia internacional de comunidades indígenas en la defensa de sus derechos.
Provenientes del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, los representantes sostuvieron reuniones estratégicas con integrantes del EMRIP, así como con el equipo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en su sección dedicada a Pueblos Indígenas (PPII) y comunidades locales. En estos espacios compartieron el reciente informe realizado por la Alianza para la Defensa de las Comunidades Indígenas de San Ignacio de Velasco, una articulación interinstitucional que documenta las consecuencias del uso indiscriminado de agroquímicos, la privatización de fuentes de agua y la expansión de la frontera agrícola.
Esta alianza está integrada por la Clínica Jurídica de Interés Colectivo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (sede Cochabamba), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA). Su objetivo es brindar acompañamiento legal, técnico y político a las comunidades chiquitanas en sus procesos de defensa territorial, protección de la salud y preservación de sus formas de vida.
El informe presentado advierte sobre los impactos socioambientales del modelo agrario dominante en la región, como la deforestación masiva, el uso de pesticidas altamente tóxicos y la construcción de represas ilegales que han alterado de forma irreversible los ecosistemas locales. A ello se suma el despojo territorial histórico que profundiza la desigualdad estructural de las comunidades.
Asimismo, se denunció la creciente criminalización de líderes indígenas, quienes son objeto de amenazas, estigmatización y procesos judiciales por ejercer su derecho a la defensa del territorio.
Según relataron los participantes, todas las acciones de documentación e incidencia se habrían realizado bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, en coordinación directa con las comunidades afectadas, lo que garantiza la legitimidad de los testimonios presentados ante este importante mecanismo de la ONU.
Con el acompañamiento de RIDHE, la participación del pueblo chiquitano en este espacio internacional permitió que sus voces llegarán más lejos y se escuchen en un escenario global. Fue una oportunidad para visibilizar las problemáticas que enfrentan sus comunidades y para sumar fuerzas con otras luchas que también resisten el avance del extractivismo en América Latina.
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