Langue
24 de septiembre, 2025.- El progresivo deterioro del Estado de derecho y de la democracia en Nicaragua vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su sexagésimo período de sesiones en Ginebra, Suiza, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó un informe que confirma la persecución internacional contra opositores nicaragüenses.
Bajo el título “Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras, exilio y violaciones transnacionales de los Derechos Humanos”, el reporte presenta amplia evidencia como complemento a la actualización del Informe del Alto Comisionado sobre la grave situación en el país a lo que va del año 2025. El GHREN confirmó lo que diversas organizaciones vienen denunciando desde hace tiempo: las personas opositoras en el exilio están siendo privadas de su nacionalidad, se les niegan pasaportes y son sometidas a vigilancia digital, confiscación de bienes y amenazas contra sus familiares en Nicaragua.
El presidente del grupo, creado para dar seguimiento a la profundización de las violaciones de derechos en el país, Jan-Michael Simon, advirtió en conferencia de prensa que la vida de quienes son desnacionalizados de manera arbitraria se ve desmantelada de forma sistemática: comienza con el desarraigo y la pérdida de identidad legal, y se prolonga en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia constante.
El informe sobre persecución transnacional pone el foco en las víctimas y en los métodos empleados por el Estado de Nicaragua para disuadir, castigar y silenciar a las y los nicaragüenses en el exilio. Estas violaciones trascienden fronteras y refuerzan un clima generalizado de miedo, desprotección, aislamiento y autocensura, como parte de una política estatal orientada a suprimir cualquier forma de disidencia.
Además, en el GHREN conformó un patrón sistemático de castigo por asociación que afecta directamente a familias de personas opositoras en el exilio. Se trata de infancias, hijas e hijos menores, cónyuges, personas adultas mayores y hasta cuidadores que han sido objeto de vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias y confiscaciones.
Entre las violaciones más graves se encuentran la manipulación de partidas de nacimiento para borrar la filiación con progenitores desnaturalizados y la denegación de documentos de viaje, medidas que atentan contra el derecho de los niños a la identidad, la reunificación familiar y la libertad de circulación.
Desde la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) denunciamos que estas prácticas no solo buscan silenciar la disidencia política, sino que utilizan a las personas más vulnerables —niñas, niños y familias— como herramientas de represión. El costo humano es profundo, la separación forzada de familias, autocensura en el exilio y graves afectaciones a la salud mental de menores.
Estos hechos configuran violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que requieren una respuesta internacional urgente, con mecanismos de protección efectivos para las víctimas y rendición de cuentas para el Estado nicaragüense.
La RIDHE participó del Diálogo Interactivo tras la actualización del Informe del Alto Comisionados de las Naciones Unidas donde se denunció el ataque a la libertad académica y la imposibilidad de ejercer plenamente el derecho a la educación.
Además, llamamos la atención sobre la crisis que atraviesan las universidades públicas en Nicaragua con despidos arbitrarios, prácticas de proselitismo político y una intervención sistemática del Estado que socava su autonomía, degrada la calidad educativa y vulnera los derechos de estudiantes y docentes.
El informe del Alto Comisionado advirtió sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, marcado por la falta de separación de poderes, la persecución de críticos y el cierre del espacio democrático. También señaló que las reformas legales recientes no son simples cambios administrativos, sino mecanismos para afianzar un régimen autoritario sin control alguno.
Desde RIDHE subrayamos el impacto humano de esta crisis: miles de personas viven en exilio forzado, muchas despojadas de su nacionalidad y bienes, mientras en el país continúan las detenciones arbitrarias, la tortura y las restricciones a la libertad religiosa, de expresión y de asociación. Estas medidas golpean a familias enteras y comunidades completas.
Para concluir, alertamos sobre los datos documentados por el Alto Comisionado respecto a distintos tipos de violencia contra la mujer. Entre ellos, se registra un aumento del 21 % en los feminicidios en 2024 respecto al año anterior, así como la persistencia de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas mujeres indígenas, y graves abusos en centros de detención. La prohibición absoluta del aborto sigue vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres.
Respaldamos las recomendaciones del Alto Comisionado que instan a los Estados de la ONU a aumentar la presión diplomática, aplicar sanciones selectivas, apoyar a las víctimas y fortalecer la documentación internacional.
La situación en Nicaragua no es solo un asunto interno, sino una amenaza a los principios del derecho internacional y la protección universal de los derechos humanos.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et le politique de confidentialité Et le Conditions générales d'utilisation de Google.